Nacionales
28.05.2013 09:52
La defensa del general retirado José Efraín Ríos Montt, así como los abogados querellantes y el Ministerio Público (MP), expusieron ayer durante la vista pública efectuada en la Corte de Constitucionalidad (CC) sus argumentos sobre la amnistía y la Ley de Reconciliación Nacional.
El abogado Danilo Rodríguez expuso que no se puede aplicar una ley en forma retroactiva, a menos que beneficie al reo.
Por tal razón, indicó el profesional del derecho a los magistrados, no se puede aplicar el artículo 8 de la referida ley, emitida en diciembre de 1996.
En ese apartado se indica que no se aplica la extinción de la responsabilidad penal para el delito de genocidio, tortura y desaparición forzada.
De tal manera, argumentaron que no procede, porque los hechos que se le atribuyen a Ríos Montt, supuestamente fueron cometidos entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
A la vista pública acudieron decenas de víctimas del conflicto armado interno en el área ixil.
En tanto, Édgar Pérez, querellante de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), dijo que no se puede aplicar la prescripción de la persecución penal porque en 1999 se interrumpió el caso por el derecho interno.
Héctor Pérez, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), entre sus argumentos indicó que sabían que habría obstáculos y están “mareados” por las acciones de la defensa.
“Ha variado la jurisprudencia con los fallos de la Corte de Constitucionalidad, y que la defensa de Ríos Montt confunde la amnistía con la Ley de Reconciliación Nacional”, dijo Pérez.
El fiscal Orlando López indicó que la defensa del militar está“confundida”, y no ha distinguido entre lo que es la amnistía y la citada ley, que son dos cosas distintas.
Después de la audiencia dio a conocer que con base en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante un eventual nuevo juicio, se evitaría revictimizar a indígenas utilizando para ello la grabación de los testimonios que ya se presentaron en el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A.
Sala sigue sin conocer excusa
El magistrado Hugo Roberto Jáuregui, presidente interino de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, informó que la próxima semana podría resolverse la excusa que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo presentó para no continuar a cargo del juicio por genocidio.
El funcionario indicó que antes de dar respuesta a esa solicitud, debe resolverse una inhibitoria de la magistrada Aura Marina Guadrón, quien por enemistad con el abogado Francisco García Gudiel, defensor del general José Efraín Ríos Montt, pidió no integrar la Sala en el referido proceso.
“El presidente Ranulfo Rafael Rojas se encuentra en Estados Unidos, donde recibe capacitación en administración de justicia en casos de alto impacto. Si él regresa, podría integrar la Sala y no se necesitaría de un suplente”, dijo Jáuregui.
Aclaró que en el caso de Guadrón sí es obligatorio convocar a un magistrado suplente para conocer el proceso contra Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.
La Sala ya recibió un memorial de la defensa de Ríos Montt, en el que se pide quitar la vigilancia del Sistema Penitenciario al general, quien permanece en el Centro Médico Militar.
Afinan estrategia a favor de expresidente Alfonso Portillo
La defensa del expresidente Alfonso Portillo en Estados Unidos afina las estrategias para desvirtuar la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo señala de conspiración para lavado de dinero de al menos US$70 millones.
“Nuestra posición ha sido que se trata de una extradición ilegal, y lo sigue siendo”, indicó Glenn MacTaggart a la Prensa, al referirse a una de las líneas de la estrategia expuesta por la defensa.
Entretanto, el abogado Mauricio Berreondo, al ser consultado anoche vía telefónica por Prensa Libre sobre la declaración del expresidente del Crédito Hipotecario Nacional José Armando Llort Quiteño, le restó importancia.
Berreondo calificó a Llort Quiteño de persona “no idónea”, debido a que tiene varios procesos abiertos en Estados Unidos por estafa.
“Eso ya no tiene ningún valor probatorio, porque hay una certificación de Estados Unidos en donde consta que él tiene varios juicios pendientes allá por estafas bancarias y a través de tarjetas telefónicas”, aseveró Berreondo.
Además, explicó que por ser testigo protegido en casos de narcotráfico, no se acepta que declare contra Portillo.
Francisco Alvarado
Más adelante en su declaración, precisó que lo que se buscará es desvirtuar una posible declaración del exbanquero Francisco Alvarado Macdonald.
Según Berreondo “lo que se está determinando y que es lo más seguro es que el señor —Francisco— Alvarado Macdonald es uno de los responsables de declarar contra Portillo, porque a la larga los bancos gemelos fueron intervenidos y se cerraron, y él estaba muy sentido por esa acción del entonces presidente”.
Los defensores investigan entre los expedientes de la Fiscalía si Alvarado Macdonald presentó su declaración.
¿Quién lo defiende?
Cuatro de cinco abogados que se encargarán de desvanecer los señalamientos contra Portillo son del bufete Herrick, Feinstein LLP, con sede en Nueva York, fundado en 1928, y que se presenta como “una de las más prominentes firmas de tamaño medio del país”.
Todos son expertos en casos de lavado de dinero, algunos de ellos con experiencia como fiscales.
David Rosenfield, quien dirigió la defensa el martes último, es un especialista en delitos económicos de Herrick, y fue fiscal en la División de Fraude de la Fiscalía Federal de Nueva Jersey —este de Estados Unidos—.
Rosenfield ha intervenido en casos como el de Bernard Madoff, que purga una condena de 150 años de prisión por haber cometido el mayor fraude de la historia de ese país.
Arthur Jakoby y Steven Feldman también cuentan con gran experiencia en delitos económicos, mientras que la cuarta es una joven especializada en transacciones financieras que habla español.
Otro de los profesionales del Derecho que defiende al exmandatario es MacTaggart, de la firma PHMY (Prichard Hawkins McFarland & Young), de Texas, y con 33 años de experiencia, sobre todo en casos de estafas gubernamentales y programas médicos federales.
MacTaggart ha trabajado en más de 170 juicios en lo criminal y civil ante la justicia estatal de Texas y federal, y también en la Fiscalía.
Según familiares de Portillo, el Q1 millón de la fianza que le fue devuelto en el país será utilizado para pagar la defensa del exmandatario en EE. UU.
Glenn W. Mactaggart
De la firma Prichard Hawkins McFarland & Young, de Texas.
33 años de experiencia, sobre todo en casos de estafas gubernamentales y programas médicos federales.
Ha diligenciado 170 juicios en lo criminal y civil ante la justicia estatal de Texas y federal.
David Rosenfield
Del bufete Herrick, Feinstein LLP, con sede en Nueva York.
Más de 20 años de experiencia, especialista en delitos económicos y lavado de dinero.
Fiscal en la División de Fraude de la Fiscalía Federal de Nueva Jersey —este de Estados Unidos—.
Steven Feldman
De la misma oficina jurídica que Rosenfield.
Más de 15 años de experiencia en procesos públicos de corrupción, arte y crímenes relacionados con objetos culturales.
Seis años como fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan.
Arthur Jakoby
También de la firma Herrick, Feinstein LLP.
Más de 25 años de experiencia en delitos económicos y lavado de dinero.
Representó recientemente a una importante firma contable ante la SEC, en una investigación sobre prácticas fraudulentas en relación con los estados financieros de la compañía.